La Ley 07/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en su Disposición adicional decimocuarta, establece lo siguiente:

“En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, los ayuntamientos elaborarán un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada. Tanto el censo como el calendario, que tendrán carácter público, serán remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado.

Esa retirada priorizará las instalaciones y emplazamientos atendiendo a su grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable. En todo caso las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo, deberán estar gestionadas antes de 2028.”

Cabe recordar que el uso y comercialización del amianto están prohibidos desde 2002 (Orden ministerial del 7 de diciembre de 2001, que modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, sobre limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos). La presencia de amianto o materiales que lo contengan se limita a aquellos que ya estaban instalados o en servicio antes de la fecha de prohibición, hasta su eliminación o el fin de su vida útil.

La posible liberación de fibras de amianto en edificios o emplazamientos debido a su envejecimiento, durante obras de renovación o rehabilitación, o en su demolición, puede representar graves riesgos para la salud de los trabajadores y la salud pública de los ocupantes.

Por tanto, es esencial acometer la elaboración de un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto de forma armonizada en todo el territorio nacional, permitiendo priorizar su retirada según criterios de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable. Dicho censo debe permitir, en primer lugar, la localización de edificios y emplazamientos sospechosos de contener materiales con amianto, su identificación y la valoración del riesgo potencial de los MCA (Materiales Con Amianto) para tomar decisiones adecuadas sobre su gestión y planificar su retirada.

El Ayuntamiento de Lebrija ha contratado para la realización del censo de amianto a la empresa especializada en la materia líder en la aplicación de inteligencia artificial (IA) geoespacial regenerativa para construir un futuro sostenible. El objetivo del censo es identificar los emplazamientos e instalaciones del municipio que contengan material con amianto, determinando su grado de riesgo, peligrosidad y, por tanto, su fecha de retirada recomendada. Para ello, se utilizarán técnicas de teledetección e Inteligencia Artificial, las cuales permitirán localizar e identificar tanto cubiertas de fibrocemento con amianto como otros materiales que contengan esta sustancia y ponderar sus características físicas y constructivas para determinar su grado de riesgo y peligrosidad.

El censo de instalaciones y emplazamientos con amianto actualmente en fase preliminar, se pone a disposición de la ciudadanía de un visor web para su consulta, que además permite comunicar cualquier dato o información contradictoria o errónea que se pueda observar en el visor, tanto de emplazamientos con amianto que no aparecen como de aquellos otros que ya hayan sido retirados.

Esta Ley tiene por objeto regular el régimen jurídico aplicable a la puesta en el mercado de productos en relación con el impacto en la gestión de sus residuos, así como el régimen jurídico de la prevención, producción y gestión de residuos, incluyendo el establecimiento de instrumentos económicos aplicables en este ámbito, y el régimen jurídico aplicable a los suelos contaminados.

Esta Ley tiene por finalidad la prevención y la reducción de la generación de residuos y de los impactos adversos de su generación y gestión, la reducción del impacto global del uso de los recursos y la mejora de la eficiencia de dicho uso con el objeto de, en última instancia, proteger el medio ambiente y la salud humana y efectuar la transición a una economía circular y baja en carbono con modelos empresariales, productos y materiales innovadores y sostenibles para garantizar el funcionamiento eficiente del mercado interior y la competitividad de España a largo plazo. Asimismo, esta ley tiene por finalidad prevenir y reducir el impacto de determinados productos de plástico en la salud humana y en el medio ambiente, con especial atención al medio acuático.